En el recurso de casación ante el Tribunal Supremo no
se pueden plantear cuestiones de Derecho autonómico, pero, respecto de éste, el
régimen legal vigente, contempla un recurso de casación ante el correspondiente
Tribunal Superior de Justicia.
Pues bien, el Auto de 17 de mayo de 2017 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Rec. 10/2017) nos ilustra sobre la nueva casación en el ámbito autonómico:
SEGUNDO.- Las modalidades del recurso de casación.
La Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LOPJ), introduce en su Disposición Final Tercera una reforma de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa (LJCA), regulando un nuevo recurso de casación contencioso-administrativo con la finalidad declarada de intensificar las garantías en la protección de los derechos de los ciudadanos.
La Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LOPJ), introduce en su Disposición Final Tercera una reforma de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa (LJCA), regulando un nuevo recurso de casación contencioso-administrativo con la finalidad declarada de intensificar las garantías en la protección de los derechos de los ciudadanos.
El nuevo modelo de casación tiene su fundamento en la
necesidad de facilitar la unificación de la jurisprudencia y potenciar la
función nomofiláctica atribuida al Tribunal Supremo, al que, a la postre,
corresponde establecer la correcta interpretación de las normas con el fin de
garantizar la seguridad jurídica, por lo que atañe al recurso de casación ante
ese Tribunal.
Por otro lado, se prevé el recurso de casación
autonómica, encomendado a las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los
Tribunales Superiores de Justicia, acorde con la posición asignada a estos por
el artículo 152.1 CE -culminan la organización judicial en el ámbito
territorial de las Comunidades Autónomas- y la evolución mostrada por los
Estatutos de Autonomía, las legislación orgánica y procesal y la propia
jurisprudencia del Tribunal Supremo, posición análoga a la del Alto Tribunal,
aunque respecto del ordenamiento autonómico.
Sin duda, el precepto constitucional imponía la
creación de un último escalón judicial en cada Comunidad Autónoma, si bien con
competencia limitada al fallo de los asuntos en los que se debatiera la
interpretación y aplicación del Derecho emanado de sus instituciones. A este
propósito respondían los hoy desaparecidos recursos de casación para unificación
de doctrina y en interés de la Ley autonómica que se hallaban regulados en los
artículos 99 y 101 de la LJCA en su redacción anterior, hoy sin contenido, y
responde ahora el recurso de casación autonómica.
Verdaderamente, la regulación que la LJCA hace de este
recurso de casación autonómica, en su redacción fruto de la reforma operada por
la Ley Orgánica 7/2015, es francamente insuficiente, ya que solo es mencionado
en los párrafos 2.º y 3.º del artículo 86.3 para determinar el órgano judicial
que habrá de resolverlo y acotar en parte su objeto. No hay en los nuevos
artículos 86 a 93 LJCA otra referencia al mismo, lo que conlleva la existencia
de numerosas lagunas, no siempre fáciles de colmar; ni siquiera el legislador
procedió a modificar los apartados 5 y 6 del artículo 74 LOPJ y los apartados 5
y 6 del art. 10 LJCA, que continúan mencionando los recursos de casación para
la unificación de doctrina y en interés de la ley, sin alusión de ningún tipo
al recurso de casación autonómica.
Tales carencias normativas vienen generando no pocas
dudas acerca del objeto de este recurso de casación autonómica, e incluso sobre
su propia existencia.
Por ello, partiendo de que la finalidad de este
recurso reside en la formación de "jurisprudencia" en relación con
las normas dictadas por las instituciones de la Comunidad Autónoma en cuyo
territorio se halla el respectivo Tribunal Superior de Justicia, resulta
oportuno que esta Sala se pronuncie acerca de tales cuestiones, ofreciendo así
criterios jurídicos generales para delimitar su objeto, con carácter previo al
pronunciamiento sobre la admisión del recurso de casación que nos ocupa.
TERCERO.- La existencia del recurso de casación
autonómica.
Comenzaremos por afirmar la existencia del recurso de casación autonómica, pese a las dificultades que entraña su configuración ante tan insuficiente regulación legal. Destaca como un hecho evidente que el artículo 86.3 LJCA lo prevé expresamente, asignando su conocimiento a una Sección especial de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia.
El silencio que mantiene el artículo 74 LOPJ acerca de
este recurso de casación autonómica y sobre la competencia de las Salas de lo
Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia para su
conocimiento y fallo, no constituye un obstáculo insalvable para aceptar su existencia,
que bien puede achacarse al mero olvido del legislador o a una defectuosa
técnica legislativa, y en modo alguno empaña la voluntad explicitada en la
redacción del artículo 86.3 LJCA.
Además, ese silencio del legislador orgánico y la
creación del recurso por Ley ordinaria no parecen comportar violación de la
reserva de Ley Orgánica que establece el artículo 122 de la Constitución para
las materias de "constitución y funcionamiento" de los
Juzgados y Tribunales.
Así puede deducirse de la doctrina fijada por el
Tribunal Constitucional sobre esa reserva material de Ley Orgánica en sus
sentencias 224/1993, de 1 de julio; 254/1994, de 15 de septiembre; 213/1996, de
19 de diciembre, y 12/2011, de 7 de julio; así como en los AATC 132/1992, de 12
de mayo; 259/1995, de 26 de septiembre, y 292/1997, de 22 de julio, que
sintetizamos, en lo que ahora nos interesa, del siguiente modo:
a) Las reservas de Ley orgánica para determinadas materias son únicamente aquellas expresamente establecidas por la Constitución y, dada su configuración excepcional, no pueden ser objeto de interpretación extensiva, al tiempo que el contenido preciso de esas materias debe recibir una interpretación restrictiva.
a) Las reservas de Ley orgánica para determinadas materias son únicamente aquellas expresamente establecidas por la Constitución y, dada su configuración excepcional, no pueden ser objeto de interpretación extensiva, al tiempo que el contenido preciso de esas materias debe recibir una interpretación restrictiva.
b) La reserva instituida a favor de la Ley Orgánica
del Poder Judicial por el artículo 122.1 CE en la materia, entre otras, de "constitución...
de los Juzgados y Tribunales", debe comprender, como mínimo, la
institución de los diferentes órdenes jurisdiccionales y la definición genérica
de su ámbito de conocimiento litigioso, lo que incluye la creación, in
abstracto, de los órganos judiciales que están llamados a ejercer la
función jurisdiccional.
c) Sin perjuicio de lo expuesto, no toda la materia
competencial debe estar residenciada en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Del
propio artículo 9 LOPJ puede deducirse que, siempre que se respete el diseño o
la definición in abstracto que de cada uno de los órdenes
jurisdiccionales haya efectuado el legislador orgánico, cabe que el legislador
ordinario "concrete las materias objeto del conocimiento de tales
órdenes" o "atribuya a determinado orden jurisdiccional el
conocimiento de tales o cuales asuntos, integrando los enunciados genéricos de
la LOPJ", produciéndose, de este modo, una colaboración entre ambas
formas normativas --Ley orgánica y Ley ordinaria-- que no obsta a la reserva
establecida en el artículo 122.1 CE y que, por tanto, resulta
constitucionalmente lícita.
d) Del diseño anterior resulta un sistema en el que la
Ley Orgánica del Poder Judicial establece los criterios generales de atribución
y las Leyes ordinarias concretan esos criterios en cada ámbito específico.
Por tanto, resulta lícito en términos constitucionales
que una Ley ordinaria atribuya a determinado orden jurisdiccional el
conocimiento de ciertos asuntos o determinados recursos, integrando así los
genéricos enunciados de la Ley Orgánica del Poder Judicial, siempre que no
contradiga el diseño que de los distintos órdenes jurisdiccionales haya
establecido la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Pues bien, con arreglo a la doctrina expuesta, hemos
de considerar que la modificación introducida por la Disposición Final Tercera
de La Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la Ley
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, cuyo rango es de Ley
ordinaria, según prevé su disposición final quinta en el apartado primero,
podría encuadrarse en lo que se ha denominado la colaboración entre Ley
Orgánica y Ley ordinaria, aun cuando, como hemos apuntado, desafortunadamente,
tal colaboración no se haya plasmado en una regulación específica y completa
del recurso de casación autonómica.
Así es, por lo que respecta a la creación de la
Sección especial de casación, prevista en los párrafos segundo y tercero del
artículo 86.3 LJCA, el artículo 72.2 in fine LOPJ, al regular la composición
del Tribunal Superior de Justicia y de sus Salas, se remite a lo que la Ley
prevea en relación con la creación de Secciones en las mismas, produciéndose
así un llamamiento de la Ley Orgánica a la ordinaria a integrar en algunos
extremos sus disposiciones de desarrollo.
Por otro lado, la atribución a la Sección especial de
casación de competencia para conocer del recurso de casación autonómica puede
considerarse la legítima concreción por el legislador ordinario de las materias
y recursos atribuidos a la competencia de esa Sección especial de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia.
Conviene recordar que existen otros ejemplos de
colaboración entre la Ley Orgánica y la Ley ordinaria, tanto por lo que
respecta a la constitución de Secciones especiales en Salas de lo
Contencioso-Administrativo, como en relación con la atribución de competencias
a estas Salas no previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Así se pone
de relieve tanto por el artículo 16.4 LJCA, que crea la Sección especial para
conocer de los hoy desaparecidos recursos de casación en interés de la Ley y
para la unificación de doctrina y del subsistente recurso de revisión, por
cierto, con una composición idéntica a la prevista para la Sección especial de
casación autonómica en el artículo 86.3 LJCA, como por las sucesivas reformas
del ámbito competencial de estas Salas, recogido en el artículo 10 LJCA, cuyos
apartados 10.1.k) y l) fueron añadidos por la Ley 34/2010, de 5 de agosto, sin
reflejo alguno tampoco en el artículo 74 LOPJ, que sorprendentemente mantiene
hoy la redacción que le dio la Ley Orgánica 6/1998, de 13 de julio, al haber
caído en el olvido del legislador.
En fin, dejando al margen las merecidas críticas que
cabría hacer a la técnica legislativa empleada en la regulación del recurso de
casación autonómica, cabe una interpretación de los preceptos examinados acorde
con nuestra Constitución, por lo que respecta a la creación de la Sección
especial de casación autonómica y a la atribución de su conocimiento a esta
Sección, acometidas mediante Ley ordinaria.
Decimos que la previsión del recurso de casación
autonómica en la LJCA (artículo 86.3 LJCA) no se ve acompañada, como sería de
esperar, de la oportuna regulación de requisitos, procedimiento y objeto,
carencia legal esta generadora de no pocos problemas de integración normativa.
No obstante, tan relevante laguna legal no puede
conducirnos a negar, sin más, la virtualidad de este recurso de casación,
cuando, como ocurre en este caso, resulta posible
colmarla mediante la aplicación analógica de la regulación propia del recurso de casación ante el Tribunal Supremo -analogía legis-, mecanismo de composición susceptible de dar solución satisfactoria al supuesto carente de regulación -el recurso de casación autonómica- mediante la integración de su régimen jurídico acudiendo al previsto para aquel otro recurso en los artículos 86 a 93 LJCA, con las necesarias y lógicas adaptaciones a la naturaleza y finalidad del recurso de casación autonómica y a la configuración orgánica y funcional de las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia.
colmarla mediante la aplicación analógica de la regulación propia del recurso de casación ante el Tribunal Supremo -analogía legis-, mecanismo de composición susceptible de dar solución satisfactoria al supuesto carente de regulación -el recurso de casación autonómica- mediante la integración de su régimen jurídico acudiendo al previsto para aquel otro recurso en los artículos 86 a 93 LJCA, con las necesarias y lógicas adaptaciones a la naturaleza y finalidad del recurso de casación autonómica y a la configuración orgánica y funcional de las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia.
Este esfuerzo de integración normativa, colmando la
laguna legal expresada, es demandado también por el derecho a la tutela
judicial efectiva, consagrado en el artículo 24 CE, pues, aunque no existe un
derecho fundamental o constitucional a la doble instancia o los recursos en la
jurisdicción contencioso-administrativa, una vez que el legislador ha previsto
un concreto recurso contra resoluciones judiciales -recurso de casación
autonómica- el derecho a disponer del mismo pasa a formar parte de aquel
derecho fundamental, integrándose en él con la configuración que le otorga la
ley reguladora de nuestra jurisdicción. Por ello, la interpretación de las
restricciones a ese recurso debe ser siempre la más favorable a su
admisibilidad, como se deduce de lo dispuesto en el art. 6.1 del Convenio
Europeo de Derechos Humanos, que exige que los órganos judiciales contencioso-
administrativos apliquen las causas de inadmisión respetando el principio de
proporcionalidad entre las limitaciones impuestas al derecho de acceso a un
Tribunal para que examine el fondo del recurso y las consecuencias derivadas de
su aplicación. La doctrina constitucional así resumida, por lo que aquí nos interesa,
se inició con la STC 37/1995, y aparece recopilada, entre otras, en las SSTC
248 y 265/2005, 105 y 265/2006, 16, 22, 246 y 252/2007, 27/2009 y 7/2015.
No obstante, más adelante tendremos ocasión de matizar
estas consideraciones a la luz de la regulación del recurso de casación,
establecida por la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, donde se prevé un
singular régimen de admisión para este recurso, tributario de su misión
fundamental: la formación de jurisprudencia (artículo 88.1 LJCA); de modo que
la admisión de tal recurso queda condicionada a que el Tribunal competente para
resolverlo "estime que el recurso presenta interés casacional objetivo
para la formación de jurisprudencia", otorgándosele así en su admisión
un importante margen de apreciación, solo condicionado por su finalidad de
creación de doctrina jurisprudencial.
CUARTO.- El objeto del recurso de casación autonómica.
Sentada la existencia del recurso de casación autonómica, procede abordar ahora la delimitación de su objeto y, en particular, las resoluciones judiciales contra las que procede.
Por sorprendente que parezca, la LJCA no hace mención
directamente a las resoluciones judiciales que pueden ser sometidas a este
específico recurso de casación. Su único criterio delimitador previsto
expresamente radica en que el recurso se funde en la infracción de normas
emanadas de una Comunidad Autónoma; de manera que la determinación de las
resoluciones sujetas a este recurso deberá partir, indirectamente, de la
fijación de los órganos judiciales cuyas sentencias pueden aplicar tales normas
y delimitarse, a priori, mediante la aplicación analógica de los preceptos que
regulan el objeto del recurso de casación ante el Tribunal Supremo -artículos
86.1 y 2 y 87.1 LJCA-: sentencias y autos dictados por las Salas de lo
Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia y
sentencias dictadas en única instancia por los Juzgados de lo Contencioso-
Administrativo, en los supuestos establecidos en esos preceptos.
Ningún obstáculo encontramos para aceptar la
recurribilidad mediante el recurso de casación autonómica de las sentencias
dictadas en única instancia por los Juzgados de lo contencioso-administrativo,
en los mismos supuestos establecidos en la regulación del recurso de casación
estatal ante el Tribunal Supremo.
Más polémica resulta, sin embargo, la recurribilidad
de las sentencias dictadas por las Salas de lo Contencioso-Administrativo de
los Tribunales Superiores de Justicia, fundamentalmente, como consecuencia de
la asimetría que implica entre la casación ante el Tribunal Supremo y la
casación autonómica y con motivo de la posición constitucional reconocida a los
Tribunales Superiores de Justicia.
Con el fin de resolver esta cuestión conviene hacer
algunas consideraciones de diversa índole. En primer lugar, la recurribilidad
de las sentencias dictadas por las Salas de lo Contencioso-Administrativo de
los Tribunales Superiores de Justicia puede deducirse de una interpretación
sistemática e integradora de los párrafos primero y segundo del artículo 88.3
LJCA. Tras referirse el primero a tales sentencias y su recurribilidad ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo cuando el recurso de
casación se fundare en infracción de normas de Derecho estatal o de la Unión
Europea, en el segundo se atribuye la competencia para conocer del recurso de
casación a una Sección especial de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia, cuya composición establece, para el caso de que
el recurso se fundare en infracción de normas emanadas de la Comunidad
Autónoma.
En segundo lugar, aun reconociendo los problemas
organizativos que pudiera conllevar aceptar la recurribilidad de esas
sentencias en esta modalidad casacional para aquellas Salas de menor tamaño,
donde, sin duda, obligará a arbitrar singulares fórmulas para constituir la
Sección especial de casación autonómica sin la concurrencia de aquellos
Magistrados de la Sala que hubieran dictado la sentencia recurrida, tales
objeciones no pueden justificar la improcedencia del recurso contra dichas
resoluciones judiciales. Esta cuestión debe ser abordada desde la perspectiva
de la relevante función que este recurso cumple en nuestro ordenamiento
jurídico: la formación de jurisprudencia.
En tercer lugar, atendida esa significativa función,
la formación de jurisprudencia sobre el Derecho autonómico, no encontramos
afrenta alguna en la procedencia del recurso de casación autonómica frente a
las sentencias de las Salas de lo Contencioso- Administrativo, per se, a
la posición constitucional de los Tribunales Superiores de Justicia como órgano
que culmina la organización judicial en el ámbito territorial de la Comunidad
Autónoma, ex artículo 152.1 CE, pues la perturbación que pudiera significar para
su configuración constitucional no derivaría de la mera recurribilidad de tales
resoluciones judiciales sino de la extensión con la que fuera definida, como
veremos inmediatamente.
En efecto, en la redacción anterior de la Ley
Jurisdiccional se establecía en su artículo 99 la recurribilidad de las
sentencias de las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales
Superiores de Justicia -con varias Salas o varias Secciones en la Sala- ante
una Sección especial de esas mismas Salas, constituida de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 16.4 LJCA -precepto cuya redacción es idéntica a la de
los actuales párrafos segundo y tercero del artículo 88.3 LJCA-, mediante el
recurso de casación para la unificación de doctrina autonómica; sin que tal
previsión legal se considerara en modo alguno incompatible o perturbadora para
la posición constitucional de los Tribunales Superiores de Justicia. Por el contrario,
resultaba acorde con su naturaleza y función, al encomendarse a esa Sección
especial la unificación de la doctrina en la interpretación y aplicación del
ordenamiento jurídico autonómico, tarea relevante para garantizar la seguridad
jurídica y el principio de igualdad en la aplicación de la normas emanadas de
las instituciones autonómicas, cuya interpretación se halla vedada al Tribunal
Supremo, con las contadas excepciones que nuestra jurisprudencia ha establecido
(véase, por todas, la STS de 14 de octubre de 2013, Rec. 3929/2012).
En cuarto lugar, el hecho de que, suprimidos los
recursos de casación para la unificación de doctrina ante el Tribunal Supremo
(en relación con el Derecho estatal y europeo) y ante las Salas de lo
Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia (con
relación al Derecho autonómico), regulados en los artículos 96 a 99 LJCA en su
anterior redacción, no se haya previsto en la nueva regulación legal la
recurribilidad de las sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Supremo ante ese mismo Tribunal, en modo alguno excluye la
posibilidad de que se contemple la recurribilidad de las sentencias de las
Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia
mediante el recurso de casación autonómica ante una Sección especial de
casación de estas mismas Salas en determinados supuestos, por tratarse de una
opción legislativa plausible y constitucional.
Repárese en que los Tribunales Superiores de Justicia
pueden estar integrados por varias Salas de lo Contencioso-Administrativo, ex
artículo 78 LOPJ, como de hecho ocurre varias Comunidades Autónomas (Andalucía,
Castilla y León y Canarias), circunstancia esta que acentúa sus diferencias con
el Tribunal Supremo.
Por último, en quinto lugar, conviene señalar que,
aceptando la existencia de cierta analogía entre la posición constitucional
atribuida a los Tribunales Superiores de Justicia y la propia del Tribunal
Supremo en sus ámbitos territoriales respectivos, distan de ser idénticas.
Basta la lectura de los artículos 123.1 y 152.1 CE para advertir sensibles
diferencias, al configurarse los primeros como órganos que culminan la
organización judicial en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, sin
perjuicio de la jurisdicción que corresponde al Tribunal Supremo, y el segundo
como órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en
materia de garantías constitucionales.
Por consiguiente, configurado legalmente el nuevo
recurso de casación autonómico a semejanza del recurso de casación ante el
Tribunal Supremo, como un instrumento procesal necesario para asegurar la
uniformidad en la interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico, aun
cuando aquel quede limitado al Derecho autonómico, resulta oportuno que la
configuración de su objeto le permita cumplir plenamente tal función, lo que no
ocurriría si no posibilitara reducir a la unidad la doctrina jurisprudencial
establecida en interpretación del ordenamiento jurídico autonómico.
Ciertamente, nuestra legislación establece otros
instrumentos al servicio de la uniformidad jurisprudencial. La LOPJ posibilita
en sus artículos 197 y 264 la unificación de criterios interpretativos en la
aplicación de la ley a través de plenos jurisdiccionales, bien de la totalidad
de los Magistrados de la Sala, o bien de los Magistrados de las diversas
Secciones de la Sala que sostuvieren diversidad de criterios en asuntos
sustancialmente iguales.
Sin embargo estos plenos jurisdiccionales, cuya
naturaleza y objeto difieren sustancialmente de los rasgos que caracterizan el
recurso de casación autonómico, no constituyen en modo alguno un medio de
impugnación o recurso a disposición de las partes del proceso contra una
resolución judicial de la Sala de lo Contencioso-Administrativo para que sea
revisada y corregida, en su caso, la interpretación y aplicación del
ordenamiento jurídico autonómico por ella realizada, con efectos sobre la situación
jurídica particular derivada de la sentencia recurrida. La celebración de los
plenos jurisdiccionales depende exclusivamente de la voluntad del Presidente de
la Sala o de la mayoría de sus Magistrados y tiene por objeto el conocimiento y
la resolución de un asunto de los que corresponden la competencia de la Sala,
ya sea por necesidades de la administración de justicia o para unificar
criterios. Se trata, por tanto, de instrumentos complementarios, unidos por el
designio común de favorecer la unidad de doctrina en la interpretación y
aplicación del ordenamiento jurídico, pero de naturaleza y objeto claramente
diferenciados.
Desde la perspectiva funcional del recurso de casación
autonómica que venimos destacando, no suscita duda alguna la recurribilidad de
las sentencias dictadas en única instancia por los Juzgados de lo
Contencioso-Administrativo, en los mismos supuestos y con los mismos requisitos
previstos para el recurso de casación ante el Tribunal Supremo, como hemos
anticipado, pues resulta necesaria para posibilitar la formación de
jurisprudencia sobre Derecho autonómico que persigue esta modalidad del recurso
de casación.
Igualmente, por las razones expuestas y con igual
perspectiva, debe aceptarse la procedencia del recurso de casación autonómica
contra las sentencias y autos de las Salas de lo Contencioso-Administrativo de
los Tribunales Superiores de Justicia. La mera eventualidad de que diversas
resoluciones judiciales, dictadas por la misma o diferentes Salas de lo
Contencioso-Administrativo que integren un mismo Tribunal Superior de Justicia,
puedan fijar ante cuestiones sustancialmente iguales una interpretación de las
normas de Derecho autonómico contradictoria justifica su recurribilidad
mediante este recurso de casación, ante la necesidad de que tales
contradicciones sean reducidas a la unidad, a fin de salvaguardar el interés
general en la interpretación y aplicación del Ordenamiento conforme a los
principios de legalidad, certeza y seguridad jurídica.
Recapitulando, el objeto del recurso de casación
autonómica aparece configurado por las sentencias y autos de las Salas de lo
Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia y las
sentencias dictadas en única instancia por los Juzgados de lo
Contencioso-Administrativo, en los mismos supuestos y con los mismos requisitos
que establecen los artículos 86 y 87 LJCA para el recurso de casación ante el
Tribunal Supremo, aunque limitado a aquellos casos en que el recurso se fundare
en la infracción de normas emanadas de la Comunidad Autónoma.
Cuestión distinta es que la "jurisprudencia"
en materia de derecho autonómico sea formada, como lo es, por las Salas de lo
Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia y cada una
de sus Secciones, especializadas o no por las normas de reparto, y las
consecuencias que ello depare a la hora de apreciar en cada caso concreto la
existencia de "interés casacional objetivo para la formación de
jurisprudencia", como exigencia inexcusable de la admisión del recurso de
casación.
Así es, la admisión de los recursos de casación
autonómica, aparece condicionada, entre otros requisitos, por la exigencia de
que presenten interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia,
lo que va a suponer una extraordinaria limitación cuando del recurso contra
sentencias y autos de las Salas de lo Contencioso-Administrativo se trata, como
veremos a continuación.
QUINTO.- El interés casacional objetivo para la
formación de jurisprudencia en el recurso de casación autonómica.
En consonancia con la hasta ahora expuesto y afirmada la recurribilidad en casación autonómica de las sentencias y autos dictados por las Salas de lo Contencioso- Administrativo, debe precisarse que el recurso de casación autonómica se encuentra sujeto a los mismos presupuestos de admisibilidad que afectan al recurso de casación estatal, dejando al margen la naturaleza autonómica de las infracciones normativas denunciadas. Entre ellos destaca la exigencia de que el recurso presente interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 88 LJCA, con independencia de que el escrito de preparación del recurso deba cumplir también con los requisitos que establece el artículo 89.2 LJCA.
Por consiguiente, resulta oportuno acudir a la
doctrina establecida por el Tribunal Supremo sobre las exigencias del nuevo
recurso de casación para determinar convenientemente en qué concretos supuestos
resultará admisible el recurso de casación autonómica frente a tales
resoluciones judiciales, sobre la base de los requisitos de admisibilidad que
establecen los preceptos citados y su aplicación a esta modalidad casacional,
tarea esta que exigirá las debidas adaptaciones atendida su singular naturaleza
y la concreta finalidad que persigue.
Centrándonos en la exigencia mas trascendental, como
expone con claridad el ATS de 21 de marzo de 2017 (Rec. 308/2016), "el
recurso de casación podrá ser admitido a trámite cuando, invocada por la parte
recurrente una concreta infracción del ordenamiento jurídico, tanto procesal
como sustantiva, o de la jurisprudencia, la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Supremo estime que el recurso presenta interés
casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, interés casacional
objetivo que se debe fundamentar con especial referencia al caso, de manera que
la infracción denunciada sea determinante de la decisión adoptada en relación
con las cuestiones suscitadas y objeto de pronunciamiento"
El interés casacional objetivo es, sin duda alguna, la pieza básica del sistema casacional establecido por la reforma que introdujo la Ley Orgánica 7/2015 y constituye un factor determinante de la admisión del recurso, el cual no será examinado ni resuelto por la Sala si la misma no aprecia en él la concurrencia de dicho interés.
El interés casacional objetivo es, sin duda alguna, la pieza básica del sistema casacional establecido por la reforma que introdujo la Ley Orgánica 7/2015 y constituye un factor determinante de la admisión del recurso, el cual no será examinado ni resuelto por la Sala si la misma no aprecia en él la concurrencia de dicho interés.
Por lo que atañe a la este concepto jurídico
indeterminado, el artículo 88 LJCA formula dos listados de circunstancias que,
de manera indiciaria, sugieren la posibilidad de que en los pleitos en que
concurran exista interés casacional objetivo para la formación de
jurisprudencia, llegando a presumirse su presencia en los supuestos del
apartado 3.
Uno y otro listado son de diferente naturaleza: el
primero, contenido en el apartado 2 del artículo, constituye un numerus
apertus y es de carácter nítidamente indiciario, como revela la expresión
de que el Tribunal de casación "podrá apreciar que existe interés
casacional objetivo" cuando se dé alguna de las situaciones que luego
enumera. El segundo, contenido en el apartado 3, en cambio, constituye un numerus
clausus y alude a supuestos en los que se da un mayor grado de probabilidad
de concurrencia de interés casacional, como revela la expresión "se
presumirá que existe interés casacional objetivo".
No obstante, el recurrente puede canalizar su alegato
sobre el interés casacional objetivo tanto por alguno o algunos de los
supuestos descritos en los apartados 2 y 3 del art. 88, como invocando un
supuesto diferente de interés casacional con explícito amparo en el carácter
abierto de la relación del apartado 2. En este caso, deberá indicarlo
expresamente, con un especial cuidado para argumentar que, a pesar de no ser su
alegato incardinable directamente en ninguno de los supuestos expresamente
contemplados en la norma, aun así, concurre un interés casacional suficiente
para despejar los obstáculos a la admisibilidad de su recurso (véanse los AATS
de 13 de marzo de 2017, Rec. 91/2017, y de 29 de marzo de 2017, Rec. 302/2016).
Debe insistirse en que estos diferentes supuestos del
artículo 88 LJCA no constituyen auténticos «escenarios de interés casacional»
cuya concurrencia determine la admisión automática del recurso, sino tan solo
supuestos de hecho a los que el legislador atribuye, de forma indicativa u
orientativa, un cierto grado de probabilidad de que los recursos en los que
concurran tengan un interés casacional objetivo para la formación de
jurisprudencia. Lo que significa, obviamente, que pueden existir recursos que,
pese a coincidir con alguno de los enunciados en los apartados 2 y 3, carezcan
de interés casacional por la escasa relevancia de su objeto a efectos de
formación de jurisprudencia, a juicio del Tribunal de casación. De esta
calificación ha de exceptuarse, sin embargo, el supuesto regulado en la letra
b) del apartado 3, que establece una verdadera presunción iuris et de iure de
existencia de interés casacional objetivo.
Recuérdese al respecto que ni siquiera las
presunciones recogidas en el apartado 3 del artículo 88 son absolutas, pues el
precepto permite inadmitir (mediante «auto motivado») los recursos inicialmente
beneficiados por las contempladas en sus letras a), d) y e) cuando se aprecie
que "el asunto carece manifiestamente de interés casacional objetivo para
la formación de jurisprudencia" (con relación a este inciso del artículo
88.3 LJCA, véanse los AATS de 6 de marzo de 2017, Rec. 150/2016, de 10 de abril
de 2017, Rec. 225 y 227/2017, y de 3 de abril de 2017, Rec. 411/2017).
Asimismo, en el supuesto de su letra c), no concurrirá interés casacional
objetivo cuando la disposición de carácter general declarada nula por la
sentencia recurrida carezca de trascendencia suficiente.
Dejando al margen el examen de cada uno de tales
supuestos de interés casacional objetivo y su necesaria acomodación a la
naturaleza y finalidad del recurso de casación autonómico, cumple dejar sentado
que, en general, la existencia de "jurisprudencia" sobre la cuestión
controvertida conlleva la ausencia de interés casacional objetivo para la
formación de jurisprudencia, con las únicas salvedades de que fuera necesario
matizarla, precisarla o concretarla para realidades jurídicas diferentes a las
ya contempladas en esa jurisprudencia (véanse los AATS de 15 de marzo de 2017,
Rec. 91/2017, de 29 de marzo de 2017, Rec. 302/2016, y de 3 de abril de 2017,
Rec. 124/2016), o debiera ser reafirmada o corregida por haberse apartado la
resolución recurrida de la jurisprudencia existente; salvedades ambas que, en
principio, solo resultarían apreciables, tratándose del recurso de casación
autonómico interpuesto contra sentencias de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo cuando, ante cuestiones sustancialmente iguales, se
hubieran seguido en su seno, por la misma o diferentes Secciones,
interpretaciones del Ordenamiento jurídico autonómico contradictorias entre sí,
pues solo en tal caso se haría necesario un pronunciamiento de la Sección
especial de casación que unificara la jurisprudencia.
En verdad, la primera de las salvedades expresadas,
consistente en la necesidad de matizar, precisar o concretar la jurisprudencia
existente para realidades jurídicas diferentes a las ya contempladas en esa
jurisprudencia, resulta de imposible aplicación al recurso de casación
autonómico, puesto que en este recurso la "jurisprudencia" se
encontraría fijada precisamente por la sentencia impugnada para una concreta
realidad jurídica que coincidiría, como es natural, con la realidad jurídica
que subyace en el recurso de casación.
La trascendencia de estas afirmaciones reside en el
hecho de que, fijado un determinado criterio sobre la interpretación y la
aplicación de las normas autonómicas por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, ha de concluirse
que existe ya "jurisprudencia" formada sobre la cuestión litigiosa y,
por ende, con la salvedad antes expresada, no podría apreciarse interés
casacional para formación de jurisprudencia, aun cuando concurrieran las
circunstancias que conforman los diferentes supuestos de los apartados 2 y 3
del artículo 88 LJCA. Ello sin perjuicio de la posible invocación de supuestos
de interés casacional objetivo no previstos expresamente en ese precepto, con
amparo en el carácter abierto de la enumeración que encierra.
La interpretación sistemática de los diferentes
supuestos de interés casacional objetivo, enunciados en el artículo 88, junto a
la propia significación de ese concepto jurídico indeterminado, por un lado, y
el hecho innegable de que la "jurisprudencia" sobre Derecho
autonómico se forma por las sentencias dictadas por las Salas de lo
Contencioso- Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia, por otro
lado, conducen a la conclusión de que en la medida que sobre la cuestión
litigiosa exista un criterio jurisprudencial establecido por la propia Sala o
cualquiera de sus Secciones, en principio, el recurso de casación no tendrá
sentido desde la perspectiva del interés casacional objetivo para la formación
de jurisprudencia, justamente, porque la "jurisprudencia" ya estaría
formada.
Por consiguiente, a salvo de la existencia de
supuestos de interés casacional objetivo no expresamente previstos en el
artículo 88 LJCA y del juicio que merezca en cada caso el supuesto de
presunción de interés casacional de la letra c) del artículo 88.3 LJCA,
únicamente cabría admitir la existencia de interés casacional objetivo para la
formación de jurisprudencia en el recurso de casación autonómica frente a
sentencias de las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales
Superiores de Justicia cuando (i) se observara contradicción entre el criterio
sostenido por la sentencia impugnada, en interpretación de normas de Derecho
autonómico en que se fundamenta el fallo, y el seguido por otra u otras
sentencias de la misma Sala sobre cuestiones sustancialmente iguales
-incardinable en el supuesto del apartado a) de artículo 88.2 LJCA-, excepción
hecha de aquellos supuestos en que ello se deba a un legítimo y razonado cambio
de criterio de la misma Sección o Tribunal (véanse las SSTS de 24 de mayo de
2012, rcud 99/2010, y de 13 de enero de 2014, rcud 867/2013); y (ii) la
resolución recurrida se apartara deliberadamente de la "jurisprudencia"
sobre Derecho autonómico existente hasta entonces -subsumible en el apartado b)
del artículo 88.3 LJCA- con la única salvedad de que el apartamiento lo fuera
respecto del criterio sostenido con anterioridad por la misma Sección.
En verdad, este segundo supuesto conlleva la
existencia interpretaciones contradictorias del ordenamiento jurídico
autonómico sobre cuestiones sustancialmente iguales, siendo por ello
reconducible al primero de los supuestos enunciados.
En ambos casos se haría necesario un pronunciamiento
de la Sección especial de casación autonómica que estableciera un criterio
claro y seguro sobre la cuestión, resolviendo las contradicciones doctrinales
existentes entre la sentencia recurrida y aquella o aquellas otras de la misma
Sala alegadas como sentencias de contrate; sirve así el recurso de casación
autonómica al principio de seguridad jurídica y, por su intermediación, al de
igualdad en la aplicación de la ley (artículos 9.3 y 14 de la Constitución
Española).
En los restantes supuestos de los apartados 2 y 3 del
artículo 88 LJCA no cabría apreciar la presencia de interés casacional para la
formación de "jurisprudencia" sobre Derecho autonómico, puesto que la
existencia de esta, representada por la doctrina recogida en la propia
sentencia que se pretende recurrir, haría innecesario un nuevo pronunciamiento
de la Sala sobre el particular. El recurso de casación autonómica no se
articula para que el Tribunal de casación -la Sección especial de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de los párrafos segundo y tercero del artículo 88.3
LJCA- someta a revisión la "jurisprudencia" sentada por la propia
Sala, sino para cumplir la función de formación de jurisprudencia, solo posible
cuando resulta contradictoria.
Dando un paso más en la configuración del supuesto de
interés casacional objetivo conformado sobre la base de la existencia
"jurisprudencia autonómica" contradictoria, debe precisarse que (i)
la contradicción debe surgir del contraste de la fundamentación jurídica de las
sentencias en liza, exteriorizando un problema interpretativo del Ordenamiento
jurídico autonómico que necesita ser clarificado y resuelto por el Tribunal
Superior de Justicia, a fin de reconducir la anotada disparidad hermenéutica y,
así, garantizar la certeza y la seguridad jurídica en la interpretación y
aplicación del Derecho; (ii) la contradicción no opera sólo en presencia de una
rigurosa identidad de hechos, sino también cuando se aprecia la existencia de
disparidades o contradicciones insalvables entre las sentencias sometidas a
contraste, en cuanto concierne a la interpretación de las mismas normas y en
relación con un problema de interpretación y aplicación sustancialmente
coincidente; y (iii) recae sobre la parte recurrente la carga de razonar y
justificar argumentalmente la igualdad sustancial de las cuestiones examinadas
en las sentencias que se someten a contraste, mediante un razonamiento que
explique que, ante un problema coincidente de interpretación del Ordenamiento
jurídico aplicable al pleito, la sentencia impugnada ha optado por una tesis
hermenéutica divergente, contradictoria e incompatible con la seguida en la
sentencia de contraste, lo cual, a sensu contrario, implica que si la parte
recurrente se limita a verter la afirmación de que la sentencia impugnada entra
en contradicción con la de contraste, sin argumentar cumplidamente tal
aseveración, no podrá tenerse por debidamente cumplida la carga procesal
establecida en el artículo 89.2.f) LJCA) (véanse los AATS de 7 de febrero de
2017, Rec. 161/2016, de 13 de marzo de 2017, Rec. 91/2017, y de 29 de marzo de
2017, Rec. 302/2016).
De ahí que debamos rechazar la existencia de interés
casacional objetivo para la formación de jurisprudencia cuando el sustrato
fáctico sobre el que se produjeron los pronunciamientos de las sentencias de
contraste no resulta en absoluto equiparable con el de la sentencia recurrida
(véase el AATS de 1 de febrero de 2017, Rec. 31/2016).
Por último y al margen de lo hasta aquí expuesto,
carecerá el recurso de casación autonómica de interés casacional para la
formación de "jurisprudencia" cuando las cuestiones planteadas por la
parte recurrente se ciñan a los aspectos más casuísticos del litigio, al estar
ligado a la apreciación de los datos fácticos concurrentes en el caso
individualmente considerado, sin superar este limitado marco, ni suscitar
problemas hermenéuticos extrapolables a otros casos.
Sentado lo anterior y delimitados, como se ha hecho,
tanto el objeto del recurso de casación autonómica como los supuestos de
interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia acordes con su
naturaleza y finalidad, estamos ya en condiciones de abordar el examen de la
admisibilidad del concreto recurso de casación que nos ocupa.
SEXTO.- La admisibilidad del recurso de casación
autonómica contra la sentencia impugnada en relación con los supuestos del
artículo 88.2 LJCA aducidos.
La parte recurrente invoca la letras c) y g) del artículo 88.2 LJCA, así como el haberse apartado la sentencia recurrida de jurisprudencia existente en esta misma Sala y de la del Tribunal Supremo, aunque no se reconozca en aquella, citando el artículo 88.3 LJCA, para razonar la concurrencia del interés casacional.
Pues bien, aplicando al presente caso las
consideraciones antes realizadas sobre la configuración del interés casacional
objetivo para la formación de jurisprudencia en el marco de esta modalidad de
casación -autonómica- y la doctrina jurisprudencial sobre la carga impuesta al
recurrente por el artículo 89.2.f) LJCA, el recurso no puede ser admitido, dado
que la recurrente no ha justificado en modo alguno la presencia de interés
casacional objetivo, limitándose a aducir algunos de los supuestos del artículo
88 LJCA.
La mera invocación en el escrito de preparación del
recurso de los supuestos de las letras c) -afectación a un gran número de
situaciones- y g) -impugnación de una disposición general- del artículo 88.2 no
basta para apreciar interés casacional objetivo para la formación de
jurisprudencia, pues la recurrente debió haber fundamentado con singular
referencia al caso su concurrencia y la conveniencia de un pronunciamiento de
esta Sala, como exige el artículo 89.2.f) LJCA.
Como afirma el Tribunal Supremo, en todo caso, es
carga del recurrente argumentar de forma suficiente las razones por las cuales
concurre el interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia,
sin que la mera invocación de los supuestos previstos en el artículo 88 LJCA
satisfaga dicha necesidad (véase el ATS de 10 de abril de 2017, Rec. 225/2017).
Verdaderamente, lo exigido, con carácter novedoso, en
el artículo 89.2 f) LJCA tiene una especial importancia ya que se encuentra
directamente relacionado con el cambio cualitativo experimentado por el recurso
de casación contencioso-administrativo tras su reforma. Lo que impone este
precepto como carga procesal insoslayable del recurrente es que, de forma
expresa y autónoma, argumente la concurrencia de alguno o algunos de los
supuestos del artículo 88. 2 y 3 LJCA que permiten apreciar el interés
casacional objetivo y la conveniencia de un pronunciamiento de la Sala de
casación. Argumentación, además, que no cabe realizar de forma abstracta o
desvinculada del caso concreto planteado, sino que debe proyectarse sobre él
como se desprende de la expresión "con singular referencia al
caso" que contiene el citado artículo 89.2.f) LJCA. Es decir, esa
argumentación específica que exige la ley no se verá satisfecha con la mera
alusión o cita a alguno de los supuestos en que este Tribunal podría apreciar
ese interés objetivo casacional para la formación de jurisprudencia, sino que
será preciso razonar por qué el caso concreto se inscribe o subsume en el
supuesto o supuestos que se aducen (véanse los AATS de 22 de marzo de 2017,
recurso de queja 93/2017, de 5 de abril de 2017, recurso de queja 166/2017, y
de 24 de abril de 2017, recurso de queja 187/2017).
Como señala el ATS de 1 de febrero de 2017 (Recurso de
queja 98/2016) no es posible obviar que la reforma de la regulación del recurso
de casación contencioso- administrativo, efectuada por la Ley Orgánica 7/2015,
de 21 de julio, supone un cambio trascedente al pivotar ahora el sistema sobre
la existencia de un interés casacional objetivo para la formación de
jurisprudencia. En esta nueva lógica casacional, el escrito de preparación del
recurso de casación ante el órgano judicial de instancia adquiere un papel
esencial o decisivo como anuncio de las infracciones que se desarrollarán en el
escrito de interposición del mismo y la justificación o argumentación de la
concurrencia de ese interés casacional objetivo.
Lo hasta aquí expuesto determinaría, sin necesidad de
mayores razonamientos, la inadmisión del recurso de casación que nos ocupa, por
lo que respecta a la invocación de los apartados c) y g) del artículo 88.2
LJCA.
En cualquier caso, aun cuando se hubiera cumplido
formalmente por la recurrente con la obligación de "justificación" en
el escrito de preparación que impone el artículo 89.2.f) LJCA en relación con
los concretos supuestos de interés casacional objetivo invocados, lo que no se
ha hecho, lo cierto es que la existencia de "jurisprudencia" de esta
Sala sobre la cuestión controvertida, impediría apreciar interés casacional
objetivo para la formación de jurisprudencia.
Así es, por un lado, no sería posible sostener que
resulte necesario matizar, precisar o concretar esa jurisprudencia existente
para realidades jurídicas diferentes, por cuanto precisamente se fija en la
sentencia que se pretende recurrir para una realidad jurídica que coincide con
la que subyace en el recurso de casación, aunque tampoco lo haya intentado
razonadamente la recurrente.
Y, por otra parte, la existencia de
"jurisprudencia" de esta Sala sobre la cuestión controvertida,
representada por la propia sentencia que se pretende recurrir, hace innecesario
un nuevo pronunciamiento de la Sala sobre el particular, cuando lo que se
pretende hacer valer para justificar el interés casacional objetivo son las
circunstancias que conforman los supuestos de las letras c) y g) del artículo
88.2, sin más.
SÉPTIMO.- La admisibilidad del recurso de casación
autonómica contra la sentencia impugnada en relación con la alegación de
apartamiento de la jurisprudencia.
La recurrente alega también que la sentencia impugnada se ha apartado de jurisprudencia existente en esta misma Sala y de la propia del Tribunal Supremo, identificando las sentencias de contraste aducidas en el escrito de preparación del recurso de casación autonómica y matizando que tal apartamiento no se reconoce en aquella, todo ello bajo la genérica invocación del artículo 88.3 LJCA, sin mayor precisión.
La alegación de apartamiento de la sentencia impugnada
de la jurisprudencia del Tribunal Supremo para justificar la concurrencia de
interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia no puede ser acogida.
El pronunciamiento casacional acerca de las
infracciones de la jurisprudencia del Tribunal Supremo por la sentencia
impugnada, anunciadas en el escrito de preparación del recurso, queda
extramuros de la casación autonómica, limitada a formación de jurisprudencia
sobre el ordenamiento jurídico autonómico, y corresponde, en su caso, al
Tribunal Supremo.
Por ello, resulta inútil la alegación de infracción de
jurisprudencia del Tribunal Supremo para justificar la presencia de interés
casacional objetivo para la formación de jurisprudencia en el seno de este recurso
de casación.
Por lo que respecta al alegado apartamiento por la
sentencia impugnada de la jurisprudencia de esta Sala, establece el artículo
88.3.b) LJCA que se presumirá que existe interés casacional objetivo cuando la
resolución impugnada se aparte deliberadamente de la jurisprudencia existente
al considerarla errónea.
En interpretación de esta presunción legal de interés
casacional objetivo el Tribunal Supremo ha declarado en su auto de 8 de marzo
de 2017 (Rec. 40/2017), que solo operará cuando (i) el apartamiento sea
deliberado y, (ii) además, que la razón estribe en considerar errónea la
jurisprudencia
Precisa el auto que la separación ha de ser, por tanto, voluntaria, intencionada y hecha a propósito porque el juez de la instancia considera equivocada la jurisprudencia. Con ello quiere decirse que en la sentencia impugnada tiene que hacerse explícito el rechazo de la jurisprudencia por la indicada causa. No basta, por tanto, con una mera inaplicación de la jurisprudencia por el órgano de instancia, sino que se exige que (i) haga mención expresa a la misma, (ii) señale que la conoce y la valore jurídicamente, y (iii) se aparte de ella por entender que no es correcta. En análogo sentido, se pronuncian los AATS de 15 de febrero de 2017 (Recurso de queja 9/2017), de 27 de marzo de 2017 (Rec. 263/2017) y de 10 de abril 2017 (Rec. 981/2017).
Precisa el auto que la separación ha de ser, por tanto, voluntaria, intencionada y hecha a propósito porque el juez de la instancia considera equivocada la jurisprudencia. Con ello quiere decirse que en la sentencia impugnada tiene que hacerse explícito el rechazo de la jurisprudencia por la indicada causa. No basta, por tanto, con una mera inaplicación de la jurisprudencia por el órgano de instancia, sino que se exige que (i) haga mención expresa a la misma, (ii) señale que la conoce y la valore jurídicamente, y (iii) se aparte de ella por entender que no es correcta. En análogo sentido, se pronuncian los AATS de 15 de febrero de 2017 (Recurso de queja 9/2017), de 27 de marzo de 2017 (Rec. 263/2017) y de 10 de abril 2017 (Rec. 981/2017).
Pues bien, resulta evidente y así lo reconoce la parte
recurrente que la sentencia impugnada no se aparta deliberadamente de la
jurisprudencia autonómica, por lo que no puede operar la presunción de interés
casacional examinada.
Es más, ni siquiera situándonos ante la hipótesis de
que el propósito del recurrente fuera hacer valer la existencia de
contradicción entre la sentencia impugnada y otras de esta misma Sala o del
Tribunal Supremo sobre cuestiones sustancialmente iguales, incardinada en el
apartado a) del artículo 88.2, por cierto, no alegado expresamente en el
escrito de preparación, cabría apreciar interés casacional objetivo. La razón
primordial reside en que la parte recurrente no ha cumplido con la carga de
razonar y justificar argumentalmente la igualdad sustancial de las cuestiones
examinadas en las sentencias que se someten a contraste, mediante un
razonamiento que explique que, ante un problema coincidente de interpretación
del Ordenamiento jurídico aplicable al pleito, la sentencia impugnada ha optado
por una tesis hermenéutica divergente, contradictoria e incompatible con la
seguida en las sentencias de contraste.
Así es, la parte recurrente no argumenta, con singular
referencia a las circunstancias concretas del caso enjuiciado, la existencia de
pronunciamientos, en supuestos sustancialmente iguales, en los que se
contuviese una interpretación del Derecho autonómico contradictoria, para lo
que no basta que los pronunciamientos alcancen soluciones diferentes.
Por el contrario, se limita a verter la afirmación de
que la sentencia impugnada entra en contradicción con las de contraste,
transcribiendo partes aisladas de su texto, sin argumentar cumplidamente tal
aseveración, por lo que no puede tenerse por debidamente cumplida la carga
procesal establecida en el artículo 89.2.f) LJCA.
Por último, las cuestiones planteadas y las alegaciones
desplegadas en el escrito de preparación, en cuanto concierne al tema de fondo
debatido en el litigio, deben tildarse también de manifiestamente carentes de
interés casacional, por cuanto las cuestiones planteadas por la parte
recurrente se ciñen a los aspectos más casuísticos del litigio, sin superar
este limitado marco, ni suscitar problemas hermenéuticos extrapolables a otros
casos, es decir, se anuda el interés casacional a infracciones normativas
circunscritas a las concretas vicisitudes del caso litigioso sin trascender a
cuestiones dotadas de un mayor contenido de generalidad o con posible
proyección a otros litigios.
Esta última consideración se encuentra íntimamente
ligada a la discrepancia que muestra el escrito de preparación del recurso con
la apreciación de los hechos efectuada por la sentencia impugnada con sustento
en la valoración de la prueba, cuestión esta en torno a la que en realidad gira
el recurso, carente de encaje en ninguno de los apartados del artículo 88 LJCA.
Recordemos que, como dispone el artículo 87 bis LJCA,
el recurso "se limitará a las cuestiones de derecho, con exclusión de
las cuestiones de hecho", de lo que se deduce con claridad que el
terreno de las apreciaciones fácticas se encuentra vedado al recurso de
casación (véanse los AATS de 9 de febrero de 2017, Rec. 131/2016, y de 8 de
marzo de 2017, recurso de queja 8/2017).
Por todo lo expresado, el recurso debe ser inadmitido
por haberse incumplido las exigencias del artículo 89.2.f) y por carencia de
interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 90.4, apartados b) y d), LJCA.
Por último, no está de más poner de manifiesto que la
presente resolución adopta la forma de auto con el propósito de despejar las
dudas que la insuficiente regulación legal del recurso de casación autonómica
genera, delimitar razonadamente su objeto y concretar los supuestos de interés
casacional objetivo acordes con su naturaleza y finalidad con el alcance que se
ha hecho, aunque bien podría haberse acordado la inadmisión del recurso por
mera providencia, habida cuenta del incumplimiento en el escrito de preparación
del recurso de las exigencias impuestas por el artículo 89.2 LJCA, entre las
que se encuentra la de fundamentar con singular referencia al caso que
concurren los supuestos de interés casacional objetivo invocados. La forma de
auto ordenada en el artículo 90.3.b) LJCA no resulta exigible cuando se
constata, como aquí ocurre, el incumplimiento en la preparación del recurso de
las exigencias del artículo 89.2 LJCA, o cuando no concurre el presupuesto para
que opere la presunción legal de interés casacional que se invoca (véanse los
AATS de 8 de marzo de 2017, Rec. 40/2017, y de 30 de marzo de 2017, Rec.
266/2016).
