jueves, 23 de julio de 2015

La nueva casación contencioso-administrativa


Conforme a la Ley Orgánica 7/2015, de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se reforman también algunas leyes procesales y entra ellas la LJCA en relación con el recurso de casación, que se hace todavía más difícil y enrevesado.

Algunos apuntes rápidos, aunque habrá tiempo de digerir la Ley ya que entra en vigor dentro de un año.

- El recurso de casación se puede plantear no solo contra sentencias de la Audiencia Nacional y los TSJ sino también, aunque excepcionalmente, contra sentencias en única instancia de los Juzgados cuando contengan doctrina gravemente dañosa y sean susceptibles de extensión de efectos.

-  Se establece una casación de Derecho autonómico ante el TSJ.

- Desaparace la exclusión de las cuestiones de personal, en las que, por tanto, cabrá casación, así como la limitación de la cuantía.

- Se pueden recurrir Sentencias y también Autos, éstos en términos semejantes al régimen anterior, si bien los dictados en extensión de efectos quedan sujetos a las limitaciones de las sentencias (que antes no se les aplicaban). Es preciso en el caso de los Autos el previo recurso de reposición, que la nueva Ley insiste en llamar de "súplica" (denominación modificada por la Ley 13/2009).

- El TS puede limitar la extensión máxima de los escritos.

- La admisión del recurso de casación exige la concurrencia de un INTERÉS CASACIONAL OBJETIVO, con tres órdenes de supuestos:

1º) Aquellos en que ese interés se presume (aunque se puede inadmitir el recurso de forma motivada) como sucede cuando no existe Jurisprudencia (portillo que pueda dar muchísimo juego), la resolución recurrida se aparta deliberadamente de la Jurisprudencia (cosa rara, normalmente se ignora), nulidad de un reglamento (salvo que no tenga trascendencia) e impugnación de actos de organismos reguladores o de los Gobiernos autonómicos (esto último no se entiende muy bien).

2º) Una serie de supuestos ejemplificativos en que se debe apreciar de forma motivada el interés casacional objetivo: doctrina contradictoria o gravemente dañosa (semejante a los recursos de unificación de doctrina y en interés de ley), afectar a un gran número de situaciones, cuestiones de orden constitucional o de la Unión Europea, impugnación directa o indirecta de reglamentos, convenios administrativos e incluso procedimientos de derechos fundamentales.

3º) Los demás casos en que habría que justificar el interés casacional objetivo respecto de una infracción procesal o sustantiva.

- Los plazos se amplían: 30 días para preparar, 30 días para comparecer ante el Supremo y 30 días para interponer el recurso.



Francisco García Gómez de Mercado
Abogado



Ejecución de sentencia y Registro de la Propiedad







Damos cuenta hoy de la Resolución de la Dirección General de los Registros y el Notariado de 21 de abril de 2015 (BOE del 1 de junio).

Interesa en primer lugar porque niega que, en ejecución de sentencia, deba tramitarse información pública y demás actuaciones propias del procedimiento administrativo hasta dictar sentencia. Cuando la Administración se limita a reproducir miméticamente el fallo de la sentencia que decreta la nulidad del acto, no puede exigirse que se haya dictado siguiendo el procedimiento administrativo ordinario.

Por otro lado, sin embargo, niega que la inscripción en ejecución de sentencia pueda imponerse al titular registral que no ha tenido conocimiento de las actuaciones administrativas y judiciales, incluyendo el caso del cónyuge. Ni la sola conducta de uno de los cónyuges ni la decisión administrativa o judicial basta para entender que la inscripción es plenamente válida. Este extremo es importante pues a menudo la Administración se dirige exclusivamente a uno de los cotitulares (cónyuges) como si con eso bastase.



Francisco García Gómez de Mercado
Abogado

martes, 14 de julio de 2015

Resolución expresa cuando se ha impugnado el silencio administrativo


La doctrina sobre la incidencia de la posterior resolución expresa cuando se ha recurrido en vía contencioso-administrativa la resolución presunta previa, por silencio administrativo, viene detallada por la reciente Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de junio de 2015 (RCUD nº 1762/2015, ponente Excmo. Sr. Fernández Montalvo), en su FJ 8º:


"El artículo 36.1 LJCA utiliza el término "podrá" que empleaba el artículo 46 de la Ley de lo contencioso de 27 de diciembre de 1956, dándole el sentido de que la ampliación del recurso no es necesaria como ha entendido la jurisprudencia de esta Sala salvo en los casos en los que el acuerdo tardío y expreso modifique el presumido por silencio; en esos casos la ampliación sí es una carga de la parte recurrente, como ha recordado la Sentencia de 27 de febrero de 1997 (Apelación 10636/1991), con cita de una sentencia del Tribunal Constitucional ( STC 98/1988, de 31 de mayo , FJ 5) Pero, conforme a los más recientes pronunciamientos, hay que entender que la ampliación del recurso es facultativa y no necesaria cuando la pretensión mantiene su virtualidad impugnatoria a pesar de la resolución tardía. En ese caso puede entender legítimamente el recurrente que la resolución tardía no afecta al objeto esencial de su recurso [(así STC 231/2001, de 26 de noviembre ; en parecido sentido Sentencia de esta Sala de 6 de febrero de 2009 (Casación 1887/2007 )].
Por consiguiente, no es conforme a Derecho la doctrina de la sentencia impugnada en cuanto, sin la suficiente matización, asocia la pérdida sobrevenida de objeto del proceso iniciado frente a la desestimación presunta por silencio administrativo a la falta de ampliación de la impugnación a la posterior resolución expresa por la Administración. Al contrario, la interpretación correcta del artículo 36. 1 LJCA , de acuerdo con el derecho a la tutela judicial efectiva ( art. 24.1 CE ), exige distinguir los siguientes supuestos:
a) Si la resolución expresa, posterior al silencio administrativo, satisface íntegramente la pretensión, lo procedente será el desistimiento o la satisfacción extraprocesal de la pretensión ( art. 76 LJCA ).
b) Si la resolución expresa, posterior al silencio administrativo, es plenamente denegatoria de la pretensión, el demandante podrá ampliar el recurso contencioso-administrativo, conforme al artículo 36.1 LJCA ; pero si no lo hace, no por eso habrá perdido sentido su recurso .
c) Si la resolución expresa, posterior al silencio administrativo, es parcialmente estimatoria de la pretensión, alterando la situación que deriva de la ficción legal de desestimación que anuda el silencio administrativo negativo, entonces sí, el artículo 36. 1 LJCA impone, en principio, al demandante la carga de ampliar el recurso. Pero la no asunción de ésta sólo comporta la total pérdida sobrevenida de objeto cuando, a la vista del contenido de dicha resolución tardía, la pretensión formulada carece de toda su virtualidad. En otro caso, lo que se produce es la necesaria modificación de la pretensión formulada para adecuarla al contenido del acto administrativo que sustituye a la ficción legal en que consiste el silencio administrativo, entendiendo que no alcanza ni a lo que se obtiene por dicho acto ni a los aspectos de éste que no podían ser incluidos en las desestimación presunta recurrida y que, por tanto, son ajenos al proceso iniciado.
En el presente caso, la resolución expresa que dicta el TEAC resolviendo el recurso de alzada, de fecha 5 de octubre de 2011, no priva de virtualidad a la pretensión formulada en el proceso frente a la inicial desestimación por silencio administrativo. Aunque el acuerdo declara "estimar parcialmente la reclamación" [1)], confirma la resolución del TEAR recaída en las reclamaciones nº 10098/06 y 10099/06 confirmando las liquidaciones impugnadas [2)], y confirma la resolución del TEAR recaída en la reclamación nº 10105/06, confirmando la sanción procedente de la regularización respecto de la que la sociedad manifiesta su conformidad [3)]; de manera que solo revoca la resolución del TEAR recaída en la reclamación 10105/06, anulando la sanción impuesta para que sea sustituida por otra en los términos del último Fundamento de Derecho de la propia resolución [4)]. Es decir, la decisión expresa del TEAC resulta virtualmente desestimatoria del recurso de alzada, salvo para aplicar a la sanción, según se desprende del Fundamento de Derecho Noveno, "el criterio de graduación de utilización de medios fraudulentos de la misma en concepto de ocultación".
Los razonamientos expuestos justifican que se estime el recurso de casación para la unificación de doctrina y que, casando y anulando la sentencia impugnada, declaremos admisible el recurso contencioso-administrativo para resolver el debate planteado...".



Francisco García Gómez de Mercado
Abogado