jueves, 18 de abril de 2013

Ampliación de plazo en los procedimientos administrativos

    
         

La reciente Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de marzo de 2013 recoge los criterios jurisprudenciales para la ampliación del plazo de tramitación del procedimiento administrativo a efectos de evitar su caducidad.

A tenor del el artículo 42.6 de la Ley 30/1992:

"Cuando el número de las solicitudes formuladas o las personas afectadas pudieran suponer un incumplimiento del plazo máximo de resolución, el órgano competente para resolver, a propuesta razonada del órgano instructor, o el superior jerárquico del órgano competente para resolver, a propuesta de éste, podrán habilitar los medios personales y materiales para cumplir con el despacho adecuado y en plazo.
Excepcionalmente, podrá acordarse la ampliación del plazo máximo de resolución y notificación mediante motivación clara de las circunstancias concurrentes y sólo una vez agotados todos los medios a disposición posibles.
De acordarse, finalmente, la ampliación del plazo máximo, éste no podrá ser superior al establecido para la tramitación del procedimiento”.

Pues bien, la Sentencia destaca que, además de acreditar esas circunstancias, es imprescindible que la Administración notifique el acuerdo de ampliación de plazo a los interesados antes del vencimiento del plazo previsto para la resolución del procedimiento.

La resolución comentada ratifica las consideraciones de la precedente Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de noviembre de 2012, según la cual:

”a) La habilitación para la ampliación se encuentra limitada al órgano competente para resolver el deslinde (Ministro de Medio Ambiente), o bien a su superior jerárquico.      

b) Tal habilitación cuenta con una doble posibilidad procedimental: En el caso de tratarse de una decisión del órgano competente para resolver el deslinde, resulta necesaria una "propuesta razonada del órgano instructor"; y, en el caso de decisión del superior del órgano competente para resolver, la norma exige la propuesta de este.
        
c) La habilitación legal de referencia se fundamenta, exclusivamente, en la concurrencia de una situación procedimental: Que antes del vencimiento del plazo para resolver y notificar se pueda "suponer un incumplimiento del plazo máximo de resolución". Y, es mas, este incumplimiento tan solo puede derivarse de las dos concretas causas o circunstancias previstas en el precepto:

1. "El número de solicitudes formuladas".  
2. El número de "personas afectadas" por el procedimiento (en este caso, de deslinde del dominio público marítimo terrestre).    

d) La habilitación que el artículo 42.6 de la LRJPA, que analizamos, cuenta, por su parte, con una doble dimensión o consecuencia:      
        
1. La consecuencia natural o normal para cuando ---con base en alguna de las dos causas expresadas--- pueda suponerse "un incumplimiento del plazo máximo de resolución", queda limitada a la posibilidad de "habilitar los medios personales y materiales para cumplir con el despacho adecuado y en plazo".  
        
2. Y, la consecuencia o posibilidad excepcional consiste en poder "acordarse la ampliación del plazo máximo de resolución y notificación".    

         e)  La decisión ampliatoria debe llevarse a cabo:
        
1."Mediante motivación clara de las circunstancias concurrentes", y      
        
2."Sólo una vez agotados todos los medios a disposición posibles".       

f) Por último, el precepto señala en el terreno de lo temporal y en el de su revisabilidad que
        
1. El plazo máximo que finalmente pudiera acordarse "no podrá ser superior al establecido para la tramitación del procedimiento". Y que,
        
2. "Contra el acuerdo que resuelva sobre la ampliación de los plazos, que deberá ser notificado a los interesados, no cabrá recurso alguno".

El carácter excepcional que tiene la ampliación del plazo previsto en ese artículo 42.6 comporta, no solo que se dicte por el órgano competente y que se justifiquen adecuadamente las circunstancias que lo permiten, sino también, como expresamente dispone ese precepto, que se notifique ---"deberá ser notificado"--- el acuerdo que resuelve sobre la ampliación del plazo, que, obviamente, ha de efectuarse antes de que transcurra el plazo para dictar la resolución del procedimiento".


        Francisco García Gómez de Mercado
Abogado

          

jueves, 4 de abril de 2013

La medida cautelar de pago de los contratos públicos y su fecha

Conocido es el endémico problema de la falta de pago de los contratos por parte de la Administración, especialmente en los contratos plurianuales por la falta de presupuesto. Un problema agudizado con la crisis que ha llevado al Gobierno de la Nación a aprobar ciertos planes de pagos a proveedores que, no obstante, no han cubierto toda la deuda de las Administraciones por este concepto.

Pues bien, la Ley 15/2010 introdujo un nuevo Art. 200 bis en la Ley de Contratos del Sector Público, con especial previsión de que, en el recurso contencioso-administrativo que se pueda interponer frente a la falta de pago, se pudiera pedir, y se concediera, una medida cautelar de exigencia de ese pago debido. Dicho precepto pasó luego al vigente Art. 217 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

Pero se discutía si tal previsión era solo aplicable a los contratos posteriores a dicha Ley 15/2010 y no a los anteriores, a la luz de las disposiciones transitorias, como entendieron la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Islas Baleares de  17 octubre de 2012  o la del Tribunal Superior de Madrid de 24 de octubre de 2012; o, por el contrario, si era aplicable con independencia de la fecha del contrato.

Este segundo criterio ha sido finalmente proclamado por la Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de noviembre de 2012 (Recurso de Casación núm. 1085/2011), por lo que todo contratista, con independencia de la fecha de su contrato, se verá beneficiado por dicha norma (que hubiera debido incorporarse a la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y no a una Ley de Contratos) y reclamar por vía cautelar el pago "salvo que la Administración acredite que no concurren las circunstancias que justifican el pago o que la cuantía reclamada no corresponde a lo que es exigible, en cuyo caso la medida cautelar se limitará a esta última".

Francisco García Gómez de Mercado
Abogado