miércoles, 28 de diciembre de 2016

Subsanación de la falta de informe jurídico en las acciones de los Ayuntamientos


En vía contencioso-administrativa, con el escrito de interposición, las sociedades y demás personas jurídicas deben aportar el llamado acuerdo de recurrir, el acuerdo adoptado por el órgano competente que decide recurrir, cuestión que ya hemos tratado y en la que el Tribunal Supremo, con altibajos, ha admitido la subsanación de su falta de aportación.

Pues bien, en el caso de los Ayuntamientos, el ejercicio de acciones debe ir precedido de un informe jurídico interno, pero la falta de aportación del mismo es igualmente subsanable.

A este respecto, la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de noviembre de 2016 (RC 3370/2015) contiene la siguiente fundamentación jurídica:

PRIMERO.- La sentencia recurrida sostiene en su fundamento jurídico primero que: "El recurso contencioso administrativo se dirige contra la norma reguladora del precio público del servicio de tratamiento de residuos municipales no procedentes de la recogida municipal en la provincia de Granada, aprobada finalmente por el Pleno de la Diputación Provincial de Granada el día 2 de mayo de 2013 y publicada en el boletín oficial de la provincia de Granada de 20 de mayo de 2013.La representación procesal de la Diputación Provincial de Granada plantea la inadmisibilidad del presente recurso, por la falta de representación o legitimación de la parte actora al no acompañar al escrito de interposición del recurso el documento acreditativo de los requisitos exigidos para entablar acciones por parte de las personas jurídicas ( art. 45.2, letra d) de la Ley de la Jurisdicción ), concretamente el dictamen del Secretario del Ayuntamiento sobre la procedencia de ejercer la acción judicial para defensa de los bienes y derechos de las Corporaciones Locales, según exigen las disposiciones de Régimen Local".Y en el fundamento jurídico segundo sostiene que:" Respecto a la causa de inadmisibilidad, debe recordarse que, cuando se trate de la interposición del recurso contencioso- administrativo por personas jurídicas - es el caso también de las Entidades Locales-, al escrito por el que se inicia el recurso se debe acompañar el documento que acredite la representación del compareciente, así dice el art. 45.2, letra d) de la Ley de la Jurisdicción que al escrito de interposición se debe acompañar, entre otros documentos: "d) El documento o documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos exigidos para entablar acciones las personas jurídicas con arreglo a las normas o estatutos que les sean de aplicación, salvo que se hubieran incorporado o insertado en lo pertinente dentro del cuerpo del documento mencionado en la letra a) de este mismo apartado". Por su parte el art. 54,3º del Texto Refundido de Disposiciones Vigentes de Régimen Local , aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, y art. 221, 1º del Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Corporaciones Locales , aprobado por Real Decreto 2568/1986, imponen que la adopción del acuerdo de ejercicio de acciones necesarias para la defensa de los bienes y derechos de las Corporaciones Locales debe estar precedida de dictamen del Secretario de la Corporación, o en su caso, de la Asesoría Jurídica y, en defecto de ambos, de un Letrado.El Tribunal Supremo en sentencias de 5 de noviembre de 2008 (RJ 2009/451 ), y otras dos más, ambas, de 5 de mayo de 2010 (RJ 2010\4797 y RJ 2010\4809) ha entendido que ese documento que acredita los requisitos para entablar acciones por las personas jurídicas, puede tratarse de un documento independiente en el que conste el acuerdo social adoptado por órgano competente acreditativo del su voluntad de accionar; o bien, la justificación de este acuerdo puede llevarse a cabo en el propio documento que constata la representación con que actúa el compareciente. En cualquiera de los casos, debe quedar bien claro cuál es el órgano social que, con competencia a los efectos perseguidos, ha tomado dicho acuerdo .El apartado 3 del art. 45 de la Ley de la Jurisdicción impone al Juzgado o Sala el deber de examinar de oficio la validez de la comparecencia tan pronto como se haya presentado el escrito de interposición para evitar la inutilidad de un proceso iniciado sin los requisitos precisos en ese momento, si bien, el Alto Tribunal en las sentencias ya reseñadas ha indicado que, de su redacción no cabe deducir como efecto jurídico una presunción de validez de la comparecencia cuando el Juzgado o Sala no lleve a cabo tal requerimiento.Si la aspiración de la norma fracasa en su intento de evitar la inutilidad de un proceso en el que no concurren los requisitos exigidos, queda abierto el debate contradictorio que las partes deben entablar y el Juzgado o la Sala deberá dar respuesta en los términos así planteados, siempre, evitando cualquier situación de indefensión.Es entonces -al quedar abierto el debate contradictorio- cuando entra en juego la norma del art. 138 de la Ley de la Jurisdicción que diferencia dos situaciones. La primera, recogida en su apartado 2, consistente en que sea el propio órgano jurisdiccional el que, de oficio, aprecie la existencia de un defecto subsanable y dicte providencia planteándolo y otorgando a la parte un plazo de diez días para la subsanación. La segunda situación se prevé en el apartado 1 de ese precepto, para el caso de que alguna de las partes alegue el defecto, de manera que la que haya incurrido en él deba subsanarlo u oponer lo que estime pertinente en el plazo de diez días siguientes al de la notificación del escrito en que se contempla la alegación del defecto denunciado.El apartado 3 del art. 138 citado, es común a las dos situaciones descritas en los apartados 1 y 2, y permite al juzgador que, con fundamento en el defecto denunciado, sea decidido si éste es subsanable o no se subsanó en plazo.En situaciones como las descritas, el Tribunal Supremo en las sentencias citadas ha entendido que no es obligatorio que el órgano judicial haya hecho a la parte previo requerimiento de subsanación del defecto advertido en el escrito de interposición del recurso. Y por supuesto, tampoco es exigible este requerimiento previo cuando la parte demandada alega la existencia de tal defecto, habiendo tenido la parte actora ocasión de oponerse a lo así alegado en el curso del proceso.En las sentencias que se acaban de citar, el Tribunal Supremo permite la subsanación del defecto alegado por la parte actora, incluso, a través del escrito de conclusiones (por supuesto, que también ha podido solventarse en el trámite de prueba".En el fundamento jurídico tercero la sentencia recurrida sostiene que:" En el presente caso, el cuestionado dictamen del Secretario Municipal o Letrado no se ha acompañado con el escrito de conclusiones, como por contra afirma la parte actora, puesto que el único documento unido al escrito de conclusiones es una copia simple de un certificado del Secretario municipal que se refiere a la emisión de informe el 7 de junio de 2013 por la Letrada doña Encarnación González Sáez, por ACAL S.L. que sin embargo no se aporta, ni se incorpora en modo alguno su contenido o extracto, por lo que no se ha acreditado la existencia y efectividad del informe, de cuyo contenido y alcance la Sala no tiene constancia alguna, siendo así que este documento es esencial para poder cumplir la exigencia legal prevista en el art. 45.2, letra d) de la Ley de la Jurisdicción que al escrito de interposición se debe acompañar, entre otros documentos: "d) El documento o documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos exigidos para entablar acciones las personas jurídicas con arreglo a las normas o estatutos que les sean de aplicación, salvo que se hubieran incorporado o insertado en lo pertinente dentro del cuerpo del documento mencionado en la letra a) de este mismo apartado". Por su parte el art. 54,3º del Texto Refundido de Disposiciones Vigentes de Régimen Local , aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, y art. 221, 1º del Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Corporaciones Locales , aprobado por Real Decreto 2568/1986, imponen que la adopción del acuerdo de ejercicio de acciones necesarias para la defensa de los bienes y derechos de las Corporaciones Locales debe estar precedida de dictamen del Secretario de la Corporación, o en su caso, de la Asesoría Jurídica y, en defecto de ambos, de un Letrado. Procede declarar la inadmisibilidad del recurso contencioso administrativo.SEGUNDO.- En buena hermenéutica hemos de comenzar por el análisis del segundo motivo de casación , en el que, al amparo de lo dispuesto en el articulo 88.1.c) de la LJCA se denuncia que la sentencia recurrida incurre en quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia o de las que rigen los actos y garantías procesales, siempre que, en este ultimo caso, se haya producido indefensión para la parte.Recuerda la recurrente la Sentencia de esta Sala de 19 de febrero de 2015 que sostiene lo siguiente:"Pues bien, debemos acudir así a lo declarado en nuestras Sentencias de 15 de diciembre de 2011 (RC 2620/2009 ), 19 de abril de 2012 (RC 6412/2009 ) y 24 de abril de 2012 (RC 5372/2009 ), entre otras muchas sobre la necesidad de requerimiento de subsanación.En estos pronunciamientos hemos matizado la Sentencia del Pleno de 5 de noviembre de 2008 en lo que afecta a las facultades de subsanación del requisito a que nos estamos refiriendo, en concreto a la necesidad del requerimiento regulado en el artículo 138 de la Ley de la Jurisdicción . Así, en la Sentencia de 18 de mayo de 2012 (RC 6014/2008 ) dijimos:<<[..] Tal requerimiento del Tribunal sí resultará necesario cuando sin él pueda generarse la situación de indefensión proscrita en el artículo 24.1 de la Constitución ; lo que ocurriría si la alegación no fue clara, o si fue combatida, bien dentro del plazo de aquellos diez días, bien en cualquier otro momento posterior; pues si fue combatida y el órgano jurisdiccional no comparte los argumentos opuestos, surge una situación en la que, como una derivación más del contenido normal del derecho a la tutela judicial efectiva, es exigible una advertencia implícita, a través del previo requerimiento, de lo infundado de esos argumentos y de la confianza nacida de ellos de obtener una sentencia que, como demanda aquel contenido normal, se pronuncie sobre el fondo de la cuestión litigiosa. Así pues, si cualquiera de las partes hiciese patente el defecto subsanable y de tal alegación se hubiese dado traslado a quien lo debe subsanar sin que ésta lo llevase a cabo o alegase que no procede la subsanación, cabe pronunciar sentencia de inadmisión por el desinterés evidenciado con la conducta de quien ha incurrido en el aludido defecto, pero si éste reacciona y sostiene que el vicio o defecto no existe, la Sala, para poder basar su sentencia en el defecto denunciado, debe previamente requerir a la parte para que lo subsane, según establece el citado artículo 138 de la Ley Jurisdiccional (en este sentido, a título de muestra, STS de 7 de diciembre de 2011, RC 887/2009 (RJ 2012, 2615), con abundante cita de jurisprudencia en el mismo sentido).>>En este caso es cierto que la parte recurrente actuó de forma diligente, pues una vez comunicada la alegación de la codemandada sobre la inobservancia del requisito procesal, aportó un certificado dél Secretario General y del Consejo de Administración y Apoderado autorizando la decisión de interponer el recurso contencioso administrativo contra la resolución de la Comisión Nacional de la Competencia que aquí se intentaba impugnar. No obstante, como indica la codemandada, este documento era por sí solo insuficiente para acreditar el presupuesto formal, en la medida que no incorporaba ni el documento que acredita su condición de apoderado ni sus facultades, ni las disposiciones estatutarias relativas al ejercicio de acciones judiciales para comprobar qué órgano es el competente para decidir la interposición de la acción deducida en el pleito.En consecuencia, el recurrente mantuvo una conducta procesal activa y diligente aunque errónea, y dado que las conclusiones se formularon con posterioridad a las de France Telécom SAU, sin que existiera un trámite ulterior para esta última que le permitiera subsanar este presupuesto procesal, la Sala al observar esta insuficiencia y el carácter incompleto de lo aportado, debió requerir a la compañía entonces actora y darle la oportunidad de subsanar un requisito de fácil observancia, evitando así la grave consecuencia de no poder obtener una resolución sobre el fondo.En consecuencia, es preciso devolver las actuaciones a la Sala de instancia a fin de que requiera a la entidad recurrente para que aporte los documentos destinados a acreditar los extremos antes citados, como los estatutos de la sociedad demandante, y aquellos que justifiquen la condición de apoderado de France Telécom y que contenga sus específicas facultades, en fin, la documentación necesaria para probar la adopción del acuerdo del órgano social competente para decidir la interposición del recurso contencioso -administrativo, tras lo cual habrá de resolver sobre la observancia del aludido requisito y, en caso favorable, sobre el fondo del asunto."Pues bien, como sostiene la recurrente, trasladando ese criterio jurisprudencial al caso presente, aparece acreditado que la representación del Ayuntamiento de Maracena se opuso a la causa de inadmisibilidad y a tal efecto aportó a las actuaciones el certificado del Secretario General del Ayuntamiento. Por tanto, si la Sala de instancia consideraba que tal certificado no era suficiente, y que el defecto señalado por la parte demandada podía determinar la inadmisibilidad del recurso, a pesar de ser tan solo preceptivo y no vinculante, debió requerirla para que subsanara el defecto, Pero si la Sala de Instancia consideraba que era necesario el informe, debió haber dado a la recurrente la oportunidad de subsanar tal defecto, por lo que el motivo de casación ha de ser estimado, casando la sentencia recurrida y ordenando la retroacción al momento procedimental en que debió requerirse a la recurrente de subsanación.
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Francisco García Gómez de Mercado
Abogado

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