jueves, 29 de octubre de 2015

Cuidado con las notificaciones en el propio domicilio



La Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de febrero de 2014 (RC 3075/2010) aborda los efectos de la notificación en el domicilio cuando es recibida por persona que supuestamente no está habilitada para ello. Da igual, si finalmente se ha recibido dentro del plazo para recurrir.

Dice así:

“Pues bien, cuando la notificación se practica en el domicilio del obligado tributario o de su representante, pero en persona distinta, esta Sala viene exigiendo que se haga constar la identidad del receptor, es decir, el nombre y documento nacional de identidad [entre otras, Sentencias de 15 de septiembre de 2011 (rec. cas. núm. 301/2008), FD Sexto; de 26 de mayo de 2011 (rec. cas. núm. 5423/2008), FD Octavo; y de 10 de marzo de 2010 (rec. cas. núm. 585/2008), FD Cuarto], exigiendo también en algún pronunciamiento la referencia a la relación que le une con el destinatario, pero advirtiendo que, incluso en estos casos, «deben valorarse las circunstancias particulares de cada supuesto para determinar si se cumplió la finalidad última de la notificación» [Sentencias de 2 de junio de 2011 (rec. cas. núm. 4028/2009), FD Octavo; de 6 de diciembre de 2010 (rec. cas. núm. 3943/2007), FD Tercero; y de 30 de octubre de 2009 (rec. cas. núm. 7914/2003), FD Tercero].

En este sentido, los Tribunales han anulado en más de una ocasión notificaciones por entender que no se daba cumplimiento a las formalidades exigidas por la Ley. En particular, esta Sala ha considerado ineficaces las notificaciones a terceros que no aparecen identificados [Sentencias de 8 de marzo de 1997 (rec. cas. núm. 5256/1991), FD Primero; de 25 de febrero de 1998 (rec. apel. núm. 11658/1991), FD Primero; de 2 de octubre de 1999 (rec. cas. núm. 131/1995), FD Primero; de 9 de marzo de 2000 (rec. apel. núm. 2017/1992), FD Tercero; de 29 de abril de 2000 (rec. cas. núm. 5440/1995), FD Cuarto; y de 11 de diciembre de 2001 (rec. cas. núm. 4239/1996), FD Segundo]; la notificación en las dependencias de la Administración a un tercero, no constando que sea el representante de la sociedad, ni la relación que tiene con el destinatario [Sentencia de 30 de octubre de 2009 (rec. cas. núm. 7914/2003), FD Cuarto]; o la notificación a una persona que únicamente se identifica con el nombre de pila [Sentencias de 9 de diciembre de 2003 (rec. cas. núm. 4459/1998), FD Tercero; y de 27 de noviembre de 2008 (rec. cas. núm. 5565/2006), FD Cuarto].

Pero también dijimos, en la Sentencia de 24 de mayo de 2010 (rec. cas. para la unific. de doctrina núm. 318/2005) que «cuando en el domicilio designado por el interesado o su representante a efectos de recibir las oportunas y correspondientes notificaciones no esté aquél presente, la cédula puede ser entregada a cualquier persona que se encuentre en el mismo y haga constar su identidad, sin que el art. 59.2 de la Ley 30/92 exija que se haga constar la condición del receptor de la notificación, ya que solo obliga a hacer constar su identidad.

Por otro lado, el Reglamento para el procedimiento de las reclamaciones económico-administrativas se adecuó a lo prescrito en la normativa administrativa, al quedar facultada cualquier persona a recibir la notificación en el domicilio del interesado en su ausencia, lo que genera la consecuencia de presumir que la notificación ha llegado a poder de su destinatario a través del tercero y la obligación de aportar prueba por el interesado que destruya aquella presunción.

La parte alega que el Reglamento Regulador de la Prestación de los Servicios Postales, aprobado por el Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre, al dictar las normas generales para la entrega de los envíos exige, respecto de la entrega de notificaciones a personas jurídicas (art. 44), que se realice al representante de éstas, o bien, a un empleado de la misma, haciendo constar en la documentación del empleado del operador postal y, en su caso, en el aviso de recibo que acompaña a la notificación, su identidad, firma y fecha de la notificación, estampando, asimismo, el sello de la empresa, requisitos que la sentencia considera incumplidos.

Sin embargo, esta normativa debe interpretarse en relación con los requisitos establecidos en la ley, siendo de significar que el art. 59.2 de la Ley 30/92 no exige que el receptor en caso de notificaciones a personas jurídicas sea un empleado» (FD Tercero).

De la aplicación de la anterior doctrina al caso concernido en el presente recurso de casación resulta que la notificación de la liquidación provisional se recibió el día 9 de abril de 2007 por una persona que se encontraba en el domicilio designado por A, S.A. y que hizo constar una firma y un D.N.I. -de cuya validez duda la recurrente, aunque a través de meras afirmaciones, sin aportar prueba alguna-, sin que sea posible otorgar eficacia invalidante al hecho de que en el acuse de recibo emitido por el operador postal no figurara ni el nombre y apellidos de dicha persona ni la relación que le unía con la mercantil, pues, de acuerdo con nuestra jurisprudencia, se trata de formalidades de carácter secundario, no sustancial, lo que supone que opera la presunción de que el acto llegó a conocimiento tempestivo de la entidad. Las irregularidades denunciadas únicamente inciden en el aspecto del conocimiento, no del contenido de la notificación, perdiendo por ello toda trascendencia en el momento en que se aprecia que A, S.A. tuvo perfecto conocimiento de la identidad y contenido íntegro del acto administrativo cuando éste se notificó a la persona que se hallaba en el domicilio designado al efecto.

Pero es que, además, en este caso, la propia entidad reconoce haber recibido la notificación de la liquidación provisional el día 10 de abril de 2007, es decir, un día después de que la misma fuera recepcionada por la persona que se hallaba en el domicilio por ella elegido y, por tanto, cuando todavía quedaba plazo para presentar la reclamación económico-administrativa de forma temporánea. Y al respecto hemos señalado que cuando el interesado reconoce haber recibido la notificación, la misma debe entenderse practicada, a todos los efectos, el día que la recibió dicho tercero [Sentencias de 26 de mayo de 2011 (rec. cas. núm. 5423/2008), FD Octavo; de 14 de marzo de 2011 (rec. cas. núm. 5455/2007) FD Cuarto; y de 16 de diciembre de 2010 (rec. cas. núm. 3943/2007) FD Tercero]. Y más aún cuando, «habiéndose recibido la notificación dentro del plazo para recurrir, una mínima diligencia de la parte actora podría haber evitado su acción extemporánea, pues el retraso aducido entre la recepción por parte de su [en este caso, representante] y la del recurrente no agotó el plazo legal para recurrir» [STC 184/2000, de 10 de julio, FJ 5].

A la vista de lo expuesto, la notificación cumplió su finalidad, a saber, la puesta en conocimiento de la liquidación provisional a tiempo de que A, S.A. pudiese reaccionar contra ella, al afirmar la entidad haberla conocido el 10 de abril de 2007, cuando todavía restaba plazo para presentar tempestivamente el escrito de interposición de la reclamación económico-administrativa, lo que no hizo”.

La doctrina es bien distinta, en cambio, cuando la notificación se realiza en la propia sede de la Administración.

Así, la Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de diciembre de 2014 (RC 202/2014) expone lo siguiente:

“Lo relevante es que "la notificación" fue practicada fuera del domicilio escogido por el interesado a persona distinta de la designada, con ocasión de la entrega de una "documentación " sin hacer constar la relación circunstanciada de su vínculo con la sociedad recurrente y la advertencia de la obligación que tenía de hacerla llegar a la empresa interesada.

Resulta notorio el incremento de la actividad de empresas privadas de mensajería. Más justamente el despliegue de su actividad exige un mayor cuidado por la administración en razón de la ignorancia de los efectos de su actuación.

Puede resultar "cómodo" aprovechar la presencia de un "mensajero" que entrega una determinada documentación en dependencias administrativas para practicar una notificación de una concreta resolución por el órgano de la administración.

Sin embargo tal conducta no toma en consideración que el mensajero que "llevó" una determinada documentación para su registro no solo no fue advertido por su mandatario que estaba habilitado para "recoger" otra documentación sino, lo que es más relevante, de las consecuencias temporales inherentes a ello.

No olvidemos que, como recuerda la Sentencia de 15 de setiembre de 2011 esta Sala ha considerado ineficaz la notificación en las dependencias de la Administración a un tercero, no constando que sea el representante de la sociedad ni la relación que tiene con el destinatario (Sentencia de 30 de octubre de 2009, recurso de casación 7914/2003 , FJ Cuarto)”.

Aunque, todo hay que decirlo, en este caso, en realidad no se trataba de un mensajero y de hecho la misma persona firmó una subsiguiente notificación y nada objetó la empresa recurrente, pero tal hecho relevante es obviado por la resolución.

Francisco García Gómez de Mercado
Abogado

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