lunes, 1 de octubre de 2012

Hechos y prueba documental en lo contencioso-administrativo: la Sentencia de AirMadrid



La reciente Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de septiembre de 2012 (Rec. Casación 1272/2011) hace una serie de consideraciones sobre los hechos y la prueba documental en lo contencioso-administrativo que, aun cuando no son totalmente novedosas, revisten, creo, cierto interés.

En dicha Sentencia se resuelve el recurso de casación interpuesto por Air Madrid contra la previa Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por la cual se estimó parcialmente el recurso contencioso-administrativo de dicha empresa contra determinadas liquidaciones por cotizaciones a la Seguridad Social.

En primer lugar, quienes conocen el orden jurisdiccional contencioso-administrativo habrán observado cómo los hechos parecen secundarios. La Administración demandada muchas veces no entra en el debate de los hechos y consigna como hechos los que consten en el expediente, impugnando de forma genérica aquellos hechos de la demanda que no resulten del mismo. Y los propios Tribunales contencioso-administrativos muchas veces no consignan los hechos objeto del proceso en sus Antecedentes de Hecho (que se limitan a recoger la identificación del acto recurrido y una breve referencia a la tramitación del proceso).

Pues bien, en este punto, el Tribunal Supremo confirma esta práctica judicial contencioso-administrativa. Dice así que “la Ley reguladora de esta Jurisdicción carece de la laguna normativa en cuya virtud se pretende la exigencia prevista en el artículo 209 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por la que las sentencias del orden jurisdiccional contencioso-administrativo deberían disponer, de manera preceptiva y explícita, la relación de las pruebas practicadas y el relato de hechos probados, ni incurre por tanto la sentencia en déficit de motivación por no cumplir aquel requisito relativo a las sentencias del orden jurisdiccional civil, pues, como hemos declarado en nuestra Sentencia de 23 de mayo de 2.011 (recurso 2073/2008), reiterando la doctrina contenida en las Sentencias de 16 de julio de 2.008, 26 de enero de 2.010 y 16 de marzo de 2.010 (recursos 6.430/2.005, 601/2.006 y 2.001/2.009): <<Resulta oportuno señalar que la vigente LJCA 1.998 (art. 67 y siguientes) no ha implantado que las sentencias que se dicten en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo hubieren de contener una expresa declaración de hechos probados por lo que sigue la línea de la derogada LJCA 1.956 (art. 80 y siguientes) que no establecía tal obligación. Tampoco se exige en la supletoria Ley de Enjuiciamiento Civil, fuere en el art. 372 de la derogada LEC 1.881, fuere en el art. 209 de la vigente LEC 1/2.000, de 7 de enero, acerca de las reglas especiales sobre forma y contenido de la sentencia. La referencia que efectúa el art. 248.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial a la consignación de "hechos probados" ha de atenderse con la subsiguiente mención "en su caso", es decir, cuando la respectiva norma procesal la exija”; interpretación que sinceramente parece muy endeble: la ley de lo contencioso-administrativo no contiene ninguna norma específica sobre el contenido de la sentencia, y parece lógica la aplicación de la ley orgánica y de la supletoria Ley de Enjuiciamiento Civil, al paso que “en su caso” parece claramente referido al caso de que haya hechos probados, no al supuesto de que la norma procesal lo exija. Pero lo dice el Supremo.

Por otro lado, la misma Sentencia recuerda la exclusión de la revisión de las pruebas en sede casacional, pues su valoración compete, en principio, a la Sala de instancia.

Nos dice así que “como hemos declarado en Sentencias de 21 de febrero de 2.008, recurso 5.271/2.003,  de 13 de julio de 2.010, recurso 4.906/2.008 y de 9 de marzo de 2.011, recurso 1.773/2.009, la interpretación del conocimiento manifestado en dictámenes, informes, documentos obrantes en las actuaciones judiciales y en el expediente administrativo, como es en lo que nos ocupa la documentación de las nóminas y pre-nóminas aportadas por la empleadora recurrente, es una labor que corresponde a la Sala de instancia y la revisión que de esa previa valoración de la prueba en su conjunto hace que el Tribunal "a quo", no tiene cabida objetiva en sede jurisdiccional, pues, como igualmente declaramos, entre otras, en nuestras sentencias de 7 y 20 de mayo de 1.994, han de respetarse los hechos de la resolución recurrida, siendo inadmisible la casación cuando se parte de conclusiones fácticas contrarias o distintas, pues la Sala de casación ha de atenerse a la resultancia probatoria apreciada por la Sala de instancia”.

Ahora bien, hay ciertos aspectos que sí pueden ser objeto de revisión en sede casacional:a) la vulneración de las reglas que rigen el reparto de la carga de la prueba; b) quebrantamiento de las formas esenciales del juicio con indefensión de la parte cuando, indebidamente, no se ha recibido el proceso a prueba o se ha inadmitido o declarado impertinente o dejado de practicar algún medio probatorio en concreto que tenga relevancia para la resolución definitiva del proceso; c) infracción o vulneración de las normas del ordenamiento jurídico relativas a la prueba tasada o a la llamada prueba de presunciones; d) infracción de las reglas de la sana crítica cuando la apreciación de la prueba se haya realizado de modo arbitrario o irrazonable o conduzca a resultados inverosímiles, que puede hacerse valer por el mismo cauce de infracción del ordenamiento jurídico o de la jurisprudencia, pues el principio de tutela judicial efectiva de los derechos e intereses legítimos que consagra el artículo 24 de la Constitución comporta que estos errores constituyan vulneraciones del citado derecho y por ende infracciones del ordenamiento jurídico susceptibles de fiscalización por el Tribunal Supremo; e) infracción cometida cuando, al socaire de la valoración de la prueba, se realizan valoraciones o apreciaciones erróneas de tipo jurídico, como puede ser la aplicación a los hechos que se consideran probados de conceptos jurídicos indeterminados que incorporan las normas aplicables; f) errores de tipo jurídico cometidos en las valoraciones llevadas a cabo en los dictámenes periciales, documentos o informes, que, al ser aceptados por la sentencia recurrida, se convierten en infracciones del ordenamiento jurídico imputables directamente a ésta; y, por último, g) cabe también integrar la relación de hechos efectuada por la sala de instancia cuando, respetando la apreciación de la prueba realizada por ésta, sea posible tomar en consideración algún extremo que figure en las actuaciones omitido por aquélla, el cual sea relevante para apreciar si se ha cometido o no la vulneración del ordenamiento jurídico o de la jurisprudencia denunciada”.

A estos efectos, en relación al carácter tasado de la prueba documental, en cuanto invocable en casación, la Sentencia nos dice que “La prueba documental no tiene prevalencia sobre las demás y la veracidad intrínseca de un documento público puede ser desvirtuada por otro medio de prueba, especialmente si se trata de un documento del mismo carácter (sentencias de 10 de junio de 2.003 (casación 285/99, FJ 4º.C); 29 de septiembre de 2.004 (casación 3.641/00, FJ 5º.A); y 16 de marzo de 2.005 (casación 3149/01, FJ 2º). Más en particular, en lo que se refiere a los documentos públicos y a los privados no impugnados, ha de precisarse que hacen prueba plena del hecho, acto o estado de cosas que reflejan, además de su fecha y de la identidad de los fedatarios y demás personas que han intervenido en su producción (artículos 319, apartado 1, y 326, apartado 1, de la Ley de Enjuiciamiento civil; en el mismo sentido el artículo 1.218 del Código civil); nada más y nada menos. Por consiguiente, no existe impedimento alguno para que el juez que afronta el análisis del contenido de los documentos tenga en cuenta la realidad que acredita cada uno de ellos y dibuje con sus trazos separados, una vez conectados e interrelacionados, el panorama que ofrece en la sentencia, configurando la realidad sobre la que ha de aplicar las normas jurídicas invocadas por las partes o traídas de oficio al proceso (iura novit curia)”. Siendo esto es así, claro, está, volvemos a la regla general del imperio de la interpretación del Tribunal de instancia, sea correcta o errónea.

Ahora bien, en determinados casos, principalmente actas de Inspección, la legislación vigente reconoce una presunción de certeza de los hechos reseñados en determinados documentos públicos, presunción que es invocable en sede casacional, y así la propia Sentencia del Tribunal Supremo aborda la cuestión “del valor que ha de recibir bien los hechos apreciados directamente por el inspector, bien las valoraciones que emita en el Acta de la Inspección, la Ley del Procedimiento común traslada la doctrina constitucional relativa a que únicamente ha de recibir la presunción de veracidad los hechos que por su objetividad son susceptibles de percepción directa por el inspector o a los inmediatamente deducibles de aquéllos o acreditados por medios de prueba consignados en la propia acta, como pueden ser documentos o declaraciones incorporadas a la misma, y que son formalizados en documento público con observancia de los requisitos legales pertinentes (art. 137.3 LRJ y PAC), lo que también tiene su plasmación positiva, en el concreto orden que nos ocupa, en el art. 53.2 del Texto Refundido de la Ley 8/1.988, sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, en el número segundo de la Disposición Adicional Cuarta Ley 42/1.997, de 14 de noviembre, Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social –“2. Los hechos constatados por los funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que se formalicen en las actas de infracción y de liquidación observando los requisitos legales pertinentes tendrán presunción de certeza, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos o intereses pueden aportar los interesados.”-, y en el art. 15 del Real Decreto 928/1.998, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general sobre Procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, todo ello sin perjuicio que la prueba de cargo pueda ser desvirtuada por la que en defensa de su derecho sea practicada a instancia del demandante (así FJ 8ºB STC 76/1.990), por lo que –solo- queda fuera de la inicial presunción de veracidad las calificaciones jurídicas, juicios de valor y opiniones del funcionario actuante”. Nótese, por tanto, que tampoco la presunción de certeza o veracidad se extiende a cualquier extremo recogido en el acta, quedando excluidas calificaciones jurídicas así como juicios de valor u opiniones, que no son hechos.


Francisco García Gómez de Mercado
Abogado

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